Juan Pablo Tapia

Bajo la lupa…La verdad es que estoy absolutamente atónito por la abrumadora respuesta que el caso ha tenido. Lo que con MPPCDV tardó 1 semana en gatillarse -reacción en cadena, atención de los medios y declaraciones de los involucrados- esta vez se generó en menos de 48 horas, con cada vez más personas participando, expresando sus puntos de vista.

Y mientras en 2005 nos disgregamos en distintos frentes -a veces en conflicto- por culpa de los infaltables egos, esta vez me emociona ver cómo todos parecemos unidos en un frente común. Creo que no sólo la Web ha madurado: también nosotros lo hicimos.

Muchas cosas extraordinarias han sucedido en estos 4 dí­as. La blogósfera se inflamó en una marejada de indignación que aún no se extingue. Esfuerzos como el Movimiento de Liberación Digital o la firma de un Rechazo al Acuerdo surgieron en cuestión de horas. ¡Hasta Flickr y YouTube entraron en combate!

Claro, también ocurrieron cosas desilusionantes. Las declaraciones tanto de Microsoft como del Ministerio de Economí­a -uno desacreditando y el otro declarando lo mismo que ya sabí­amos- fueron la nota baja de la jornada.

Peor aún ha sido la actitud de los medios. Canal 13 realizó una nota de una insipidez a la que no nos tení­a acostumbrados, mientras -para mi sorpresa- La Tercera se conformó con publicar el comunicado del Gobierno. El resto se remitió al punto del Registro Civil y dio por finiquitado el tema.

Vamos muchachos, ¿dónde quedó la investigación periodí­stica?

(Eso sí­, debo destacar la actitud de Emol y TransMedia, quienes han estado siempre ampliando la noticia. También el olfato de Mouse -mi ex casa- que fue el primero en publicarla. ¡Kudos para ellos!).

Pero a la hora de la autocrí­tica, temo que no estemos siendo suficientemente claros al explicar el problema. He leí­do muchos comentarios, foros y bitácoras de personas que no lo comprenden o -peor todaví­a- malinterpretan sus puntos. No los culpo: el documento en sí­ es confuso.

Alguien decí­a por ahí­: “intenté explicárselo a mis viejos… pero no hay caso”.

Así­ que parafraseando al astuto Joe Miller en Philadelphia, “explí­quemelo como si tuviera 6 años”. Aquí­ resumo las 7 razones básicas por las que este singular acuerdo entre Microsoft y el Ministerio de Economí­a no es bueno para Chile:

1. El acuerdo no es transparente: no hubo licitación

Según Microsoft es sólo una declaración de intenciones. Según el Ministerio, es un acuerdo de colaboración. El documento habla de “partes contratantes”.

Bueno, mientras se ponen de acuerdo, sepan que el convenio influirá sobre 7 áreas clave de nuestro aparato estatal (capacitación, ciudadaní­a, municipios, educación, fomento a empresas, cibercrimen y seguridad informática), pero aún así­ no hubo estudio ni licitación alguna que avale a Microsoft como la mejor opción.

Esta falta de transparencia es la que ha llevado -hasta el momento- a 5 parlamentarios de distintas bancadas (Navarro, Farí­as, Sepúlveda, Valenzuela, Flores) a cuestionar, solicitar más información e incluso prever un retraso del presupuesto nacional, si no se especifica claramente cuánto dinero desembolsará nuestro paí­s en el acuerdo.

Sí­. Puede que en efecto Microsoft sea la mejor alternativa pero, ¿alguien se molestó en preguntar a Google, Yahoo, Novell, RedHat u otros si podí­an ofrecernos algo mejor?

Digamos que si tengo pensado gastar un monto que puede ser más de lo que ganaré en todas mis gatunas vidas… al menos cotizarí­a, ¿no?
2. El acuerdo compromete un desembolso millonario

Microsoft dijo que el acuerdo no le costará un peso al Estado. Siento decirlo, pero no es cierto.

Verán, el modelo de la “beneficencia” de software es sencillo: se regalan los programas por un lapso determinado (usualmente 1 a 3 años) luego del cual, cuando los usuarios están tan acostumbrados que es casi imposible zafarse, se empiezan a cobrar licencias. Negocio redondo.

(Por cierto, esto no lo hace sólo Microsoft, sino muchas grandes compañí­as).

Curiosamente, en la misma declaración Microsoft afirma que las escuelas o colegios “sólo” pagarán 3 a 5 dólares por computador, por año. Y si hasta 2006 tení­amos 85.000 107.863 computadores nada más en el sistema escolar subvencionado… bueno, calculen. Una ganga.

Extendamos el cálculo ahora a los municipios o las mipymes -que por lo demás no tienen el descuento escolar- y entenderán de qué estamos hablando. Según el senador Navarro, en sólo 7 de nuestros 22 ministerios se gastan 14 mil millones de pesos por concepto de licencias de software… ¡al año!

Aún más curiosamente, en al menos 8 puntos del acuerdo el Gobierno indica que “complementará” las inversiones de Microsoft (ver a4, b3, c2, c4, d3, e3, f3 y g3), incluso comprometiendose a “difundir” las ofertas para mipymes (ver g3), lo que claramente no es labor del Estado.

Nosotros elegimos un Gobierno; no un departamento de marketing.

Y un último dato friki: Microsoft anuncia que invertirá 600.000 dólares en capacitar a 30.000 profesores durante 3 años (ver f2). Esto significa una capacitación de… uh… ¿20 dólares por profesor?

¿Quién se pone con el resto?
3. El acuerdo obliga a usar software de Microsoft

Microsoft declaró que nadie está obligado a usar sus servicios. Eso no está en discusión: cada persona es libre de aceptar una cuenta en Hotmail, de cambiar Windows por otro sistema operativo o de acceder a Internet con el navegador que desee.

Sin embargo, existe un pequeñí­simo detalle…

En el acuerdo, la empresa ofrece desarrollar un sistema de notificación para instituciones públicas (domicilio digital) y de portales para municipalidades (municipio digital). Esto significa que un número no especificado de servicios públicos o “trámites” (como postular a proyectos u obtener un certificado) se ofrecerán ví­a Web sobre software Microsoft.

¿Qué hay de malo en ello? Que por experiencia, dichos sitios sólo pueden usarse con Windows e Internet Explorer, es decir, software de Microsoft. Quien por razones de economí­a, seguridad u opción use Linux, Firefox u otro tipo de software, quedará marginado.

¿Exagero? Intenten emitir una factura electrónica en el SII, ofertar en ChileCompra, postular al Crédito Universitario o incluso navegar el sitio del Mineduc con software que no sea Microsoft. ¡Buena suerte!

Estas cláusulas son tan lógicas como si el MOP nos dijera: “Hey, hemos logrado que Toyota financie la construcción de una autopista paralela a la Ruta 5… pero sólo se podrá circular con autos Toyota”.

Oops… espero no haberles dado la idea.
4. El acuerdo perjudica a la industria nacional de software

Quizá muchos no le presten atención porque no les afecta directamente, pero este acuerdo lesiona gravemente a nuestra naciente industria nacional de software.

Mientras paí­ses como Uruguay, Colombia o Brasil se esfuerzan para incentivar el desarrollo, adopción e incluso exportación de sus propias tecnologí­as, nosotros hacemos justo lo contrario: firmamos un acuerdo en que el Estado nombra como proveedor preferencial a Microsoft.

Para disimularlo el texto raya en la esquizofrenia. Según el punto c4, en pro de “ofrecer alternativas”, Microsoft se compromete a distribuir 2 soluciones mediante de 2 de sus socios. Es decir, los municipios podrán elegir entre Microsoft… y Microsoft.

Wow. Adam Smith tendrí­a un orgasmo.
5. El acuerdo valida la inoperancia / incompetencia de las autoridades

Pese a los párrafos anteriores, aclaremos que Microsoft no tiene culpa.

Microsoft es una empresa (vaya descubrimiento, ¿eh?) y como tal se orienta al lucro, por lo que busca maximizar sus ganancias y proteger sus intereses. Es su naturaleza.

Desafortunadamente, desde hace años hemos asistido a un triste espectáculo de deterioro en las polí­ticas públicas en torno a desarrollo tecnológico, donde parece abandonarse en manos de las empresas privadas lo que deberí­a ser la defensa del interés ciudadano.

Lo vimos en 2005 con Mi Primer PC y su negociado. Siguió el mismo plan pero para Pymes, la idea de subsidiar la banda ancha (en vez de regular su alto costo), el descrédito a proyectos como OLPC (por muy mal que me caiga Negroponte) y ahora, la “concesión” de sectores como los gobiernos locales, la capacitación o el fomento a las empresas en manos de una sola corporación.

Que por cierto, darí­a lo mismo cual fuera.

¿Imaginan que un dí­a el Ministerio de Educación anunciara que todos los comedores de los jardines infantiles, escuelas y liceos serán entregados a McDonald’s?… Oops. Otra mala idea.

Juanelo era el culpable…
6. El acuerdo ignora la tendencia mundial en tecnologí­a

Tal como este asunto no es contra Microsoft, aclaramos que tampoco es a favor del software libre.

Sin embargo es imposible negar algunos de sus beneficios: el software libre puede ser modificado por cualquier persona -lo que permite adaptarlo a las necesidades de una institución- y por sobre todo es absolutamente gratuito, tanto de usar como de copiar.

Estas ventajas están llevando a que cada vez más paí­ses desarrollen y adopten software libre en sus gobiernos locales. Lo hacen naciones muy competitivas como Francia, España, Alemania, Finlandia o Noruega, e incluso algunos vecinos como Brasil.

En Chile, instituciones como el INP, la Universidad del Bí­o Bí­o o la Biblioteca del Congreso Nacional se están destacando por la calidad de los programas de software libre que utilizan, y los millones que ahorran a la nación gracias a ello.

Y más: hace sólo unas semanas, un proyecto que incentiva el uso de software libre en el Estado fue aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados. Mientras en abril pasado, se firmó un acuerdo entre el PNUD, la Sofofa, la Corfo y el propio Ministerio de Economí­a para que -junto al gobierno de Japón- se exploren los beneficios del software libre para las empresas.

Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Economí­a diciendo en su Estrategia Digital que “aborda el uso del software libre o la adopción de estándares” si luego firma precisamente lo contrario con una empresa que distribuye software cerrado?

Perdónalos, Señor… porque ni ellos mismos saben lo que hacen.
7. El acuerdo viola la privacidad de los chilenos

Y llegamos al punto álgido. Aquí­ corresponde hacerse 2 preguntas. La primera, ¿qué datos piensa compartir el Registro Civil con Microsoft?

Esperen, ¿no dijeron en todos los tonos que no se entregarí­a información privada? Claro, en realidad se entregarán “sólo los datos necesarios para abrir una cuenta” (o “cargar las cuentas”, como dice el acuerdo). ¿Qué datos son estos? ¿Sólo mi nombre, mi RUT, mi dirección?… nadie lo sabe. El acuerdo es tan ambiguo que no se especifica.

Pero aunque ustedes no lo crean, la segunda pregunta es más importante…

¿Para qué?

¿Cuál es la necesidad de este servicio de “domicilio digital”? Hoy, todos los servicios anunciados en el acuerdo pueden conseguirse de forma gratuita (de hecho, puedes obtener tu cuenta pulsando aquí­, con las mismas caracterí­sticas (2 GB de capacidad, soporte, tareas, blogs y demáses). Más aún, puedes elegir si lo quieres obtener con Microsoft, con Google, con Yahoo o con quien sea.

La verdad es que la única ventaja de este servicio lo obtiene la empresa, que gana automáticamente -sin concursos ni sorteos- 15 millones de (potenciales) usuarios. Así­ los chilenos nos convertimos -por auspicio de nuestro Ministerio de Economí­a- en los primeros usuarios con Windows “preinstalado” del mundo.

Como alguien sugirió, quizá empecemos a llamarnos “redmondianos“.

No dejo de admirar cuán poética puede ser la vida.

Ya casi estamos encima del Bicentenario. El aniversario en que Chile se alzó en armas para declarar la independencia de nuestra patria. La libre determinación de nuestro pueblo.

Hoy, 200 años más tarde, los ciudadanos tenemos que volver a luchar por nuestra libre determinación. Por la libertad de expresarnos, de desarrollarnos, de elegir, aunque esta vez sobre una nueva tierra que aún no ha sido domada.

¿Y saben? Incluso puede que perdamos esta batalla, pero ya ganamos la guerra. Porque desde hoy en adelante, nuestro gobierno, nuestras empresas, saben que se acabaron los tiempos en que podí­an negociar a nuestras espaldas.

La verdad ya nos hizo libres -como decí­a aquel viejo libro olvidado- y eso…